Los hechos del litigio civil se remontan al 13 de febrero de este año a eso de la medianoche cuando el demandante, Miguel Díaz Mulero, se encontraba en la habitación 44 del hotel La Fuente, ubicado en la carretera 842 de la capital.En su demanda, Díaz Mulero alegó que la cámara de vídeo se encontraba en el área de un espejo en el techo justo encima de la campa.
"Luego de haber permanecido durante varias horas en la habitación y estando acostado en la cama de dicha habitación junto a la otra persona, se percata que en el área de un espejo que está en el techo de la habitación justo encima de la cama se encontraba una cámara de vídeo (tipo ojo visor inalámbrico) con cables para audio y encendida", indica la demanda.
"Ante el asombro del hallazgo y la angustia que le surge de que estuvieran transmitiendo y/o grabando su intimidad, procede a llamar a la Policía", agrega el documento presentado el 18 de este mes y recibido hoy, sábado, por Prensa Asociada.
Tras querellarse, la agente Lemid Ramos se personó en el motel y ocupó la cámara de vídeo.
El representante legal de Díaz Mulero, Jorge Gordon, argumentó que la utilización de un equipo electrónico "constituye un delito al amparo del Artículo 179 del nuevo Código Penal, además de una violación al derecho a la intimidad que cobija al demandante mientras se encuentra en la privacidad de una habitación de hotel por él arrendada".
"La invasión a la privacidad, tranquilidad e intimidad del demandante constituye una violación de sus más preciados derechos, por lo que el daño moral ocasionado se estima en una suma no menor de 125,000 dólares", agregó.
Gordon también planteó que los empleados y propietarios de la pequeña hospedería "conocía o debieron haber conocido previo al 13 de febrero de 2009 que en la habitación 44 había una cámara instalada que constituía una violación y daño a los derechos de intimidad de cada cliente que arrendara la habitación, en especial del demandante, pero ninguno lo evitó".
El demandante trató de resolver su reclamo fuera de la corte, pero no pudo llegar a ningún acuerdo, se indica en el documento.
En la demanda también se reclaman $15,000 por concepto de honorarios de abogados, además de las costas y gastos del litigio.
