Cordero Lebrón, quien señaló que espera que no se registren situaciones de violencia, se refería a la comunidad residente en Villas del Sol, en Toa Baja, localidad cercana a San Juan, compuesta por unas 1.000 personas, de las cuales más de la mitad son ciudadanos dominicanos sin permiso para residir en la isla.
La Policía puertorriqueña ocupó la zona esta semana para facilitar el corte de las tomas ilegales de aguas existentes, lo que provocó la protesta de los vecinos y el posterior enfrentamiento con la fuerzas de seguridad que se saldó con una detención.
Ramón Díaz Zambrana, portavoz de la asociación de apoyo comunitario "La Nueva Escuela", señaló a Efe que según un censo realizado hoy entre los propios residentes un 55% de los vecinos del asentamiento ilegal son de nacionalidad dominicana.
Denunció, además, que carece de sentido la excusa de las autoridades puertorriqueñas del acceso ilícito a luz y el agua para justificar el desalojo, ya que hace años que los vecinos pretenden pagar por esos servicios y normalizar así su situación.
Ramón Díaz Zambrana recordó que las autoridades puertorriqueñas han realojado ya en otras ocasiones a parte de los vecinos de Villas del Sol, aunque sólo de forma temporal -seis meses-, lo que ha obligado a éstos a volver a los asentamientos de Toa Baja.
Denunció que la amenaza de cortar hoy el suministro de agua, que llega a la zona de forma ilícita, es una temeridad dada la gran cantidad de menores que habitan el barrio y al hecho de que la isla sufra las consecuencias de la epidemia de la gripe A, que ya ha provocado la muerte de 12 personas.
El propio gobernador, Luis Fortuño, medió esta semana en el asunto para aclarar que si bien hasta el momento no se había cortado el agua por razones humanitarias, la medida se llevará a cabo como manera de forzar la salida de los pobladores en el asentamiento ilegal.
Fortuño dijo que en este caso no se concederá la titularidad de los terrenos a los vecinos, a diferencia de lo que ocurrirá en el barrio marginal de La Perla, en el Viejo San Juan, tras aclarar que no se trata de una medida discriminatoria.
Cordero Lebrón confirmó que espera que esta misma semana llegue la autorización judicial que permita acabar con el famoso asentamiento, compuesto mayoritariamente por dominicanos.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) criticó la actuación del Ejecutivo a través de su secretario general, Juan Dalmau, que acusó a Fortuño de propiciar la brutalidad policial contra gente pobre.
Por su parte, el cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico, Máximo Taveras, que hoy se trasladó personalmente a la zona, pidió a sus compatriotas que cumplan con la ley puertorriqueña.
Taveras cifró recientemente en 200.000 personas la colonia dominicana en Puerto Rico, cifra en la que incluyó a quiene
La Policía puertorriqueña ocupó la zona esta semana para facilitar el corte de las tomas ilegales de aguas existentes, lo que provocó la protesta de los vecinos y el posterior enfrentamiento con la fuerzas de seguridad que se saldó con una detención.
Ramón Díaz Zambrana, portavoz de la asociación de apoyo comunitario "La Nueva Escuela", señaló a Efe que según un censo realizado hoy entre los propios residentes un 55% de los vecinos del asentamiento ilegal son de nacionalidad dominicana.
Denunció, además, que carece de sentido la excusa de las autoridades puertorriqueñas del acceso ilícito a luz y el agua para justificar el desalojo, ya que hace años que los vecinos pretenden pagar por esos servicios y normalizar así su situación.
Ramón Díaz Zambrana recordó que las autoridades puertorriqueñas han realojado ya en otras ocasiones a parte de los vecinos de Villas del Sol, aunque sólo de forma temporal -seis meses-, lo que ha obligado a éstos a volver a los asentamientos de Toa Baja.
Denunció que la amenaza de cortar hoy el suministro de agua, que llega a la zona de forma ilícita, es una temeridad dada la gran cantidad de menores que habitan el barrio y al hecho de que la isla sufra las consecuencias de la epidemia de la gripe A, que ya ha provocado la muerte de 12 personas.
El propio gobernador, Luis Fortuño, medió esta semana en el asunto para aclarar que si bien hasta el momento no se había cortado el agua por razones humanitarias, la medida se llevará a cabo como manera de forzar la salida de los pobladores en el asentamiento ilegal.
Fortuño dijo que en este caso no se concederá la titularidad de los terrenos a los vecinos, a diferencia de lo que ocurrirá en el barrio marginal de La Perla, en el Viejo San Juan, tras aclarar que no se trata de una medida discriminatoria.
Cordero Lebrón confirmó que espera que esta misma semana llegue la autorización judicial que permita acabar con el famoso asentamiento, compuesto mayoritariamente por dominicanos.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) criticó la actuación del Ejecutivo a través de su secretario general, Juan Dalmau, que acusó a Fortuño de propiciar la brutalidad policial contra gente pobre.
Por su parte, el cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico, Máximo Taveras, que hoy se trasladó personalmente a la zona, pidió a sus compatriotas que cumplan con la ley puertorriqueña.
Taveras cifró recientemente en 200.000 personas la colonia dominicana en Puerto Rico, cifra en la que incluyó a quiene
