La Ley de Seguridad fue aprobada por el Senado con 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones, después de que el gobierno, que tiene mayoría absoluta en las cámaras, impuso el voto de confianza para impedir un debate que hubiera sido incandescente sobre las duras normas contra los inmigrantes.
En Italia hay un creciente clima de xenofobia que todos los días produce incidentes muchas veces no denunciados. La crisis económica, que se sigue agravando, aumenta más la hostilidad hacia los inmigrantes, legales e ilegales. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley en mayo.
Se estima que en la península hay unos 600 mil inmigrantes indocumentados.
De ahora en adelante, el extranjero que entra o permanece en forma ilegal en Italia comete el delito de inmigración clandestina y puede ser castigado con la expulsión inmediata y multa de hasta 10 mil euros, unos 14 mil dólares. Los expertos prevén que las expulsiones podrían pasar al doble de las 28 mil aprobadas el año pasado.
Los centros de permanencia se convertirán en centros de identificación y expulsión. La estadía máxima pasa de 2 a 6 meses, para completar las medidas de expulsión, que actualmente quedan incompletas.
Un funcionario público está obligado a denunciar al indocumentado que quiere hacer un trámite. Las protestas, incluso en la Unión Europea y ante los organismos de derechos humanos, forzaron al gobierno Berlusconi a retirar del proyecto la obligación para médicos de los hospitales y directivos de las escuelas de denunciar a los pacientes o alumnos indocumentados.
Los inmigrantes sin papeles no podrán acceder más a los servicios públicos. Los chicos no podrán ser inscriptos en las escuelas si sus padres no presentan sus permisos de residencia. Este permiso será obligatorio para registrar a los recién nacidos, por lo que se anuncia la difusión de los llamados "niños invisible", como ocurrió en otros países europeos. Tampoco podrán casarse.
El permiso de residencia y la adquisición de la ciudadanía italiana, para la que hacen falta diez años de residencia legal, deberán ser pagadas: costarán entre 80 y 200 euros cada una., indica el diario Clarín.
En Italia hay un creciente clima de xenofobia que todos los días produce incidentes muchas veces no denunciados. La crisis económica, que se sigue agravando, aumenta más la hostilidad hacia los inmigrantes, legales e ilegales. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley en mayo.
Se estima que en la península hay unos 600 mil inmigrantes indocumentados.
De ahora en adelante, el extranjero que entra o permanece en forma ilegal en Italia comete el delito de inmigración clandestina y puede ser castigado con la expulsión inmediata y multa de hasta 10 mil euros, unos 14 mil dólares. Los expertos prevén que las expulsiones podrían pasar al doble de las 28 mil aprobadas el año pasado.
Los centros de permanencia se convertirán en centros de identificación y expulsión. La estadía máxima pasa de 2 a 6 meses, para completar las medidas de expulsión, que actualmente quedan incompletas.
Un funcionario público está obligado a denunciar al indocumentado que quiere hacer un trámite. Las protestas, incluso en la Unión Europea y ante los organismos de derechos humanos, forzaron al gobierno Berlusconi a retirar del proyecto la obligación para médicos de los hospitales y directivos de las escuelas de denunciar a los pacientes o alumnos indocumentados.
Los inmigrantes sin papeles no podrán acceder más a los servicios públicos. Los chicos no podrán ser inscriptos en las escuelas si sus padres no presentan sus permisos de residencia. Este permiso será obligatorio para registrar a los recién nacidos, por lo que se anuncia la difusión de los llamados "niños invisible", como ocurrió en otros países europeos. Tampoco podrán casarse.
El permiso de residencia y la adquisición de la ciudadanía italiana, para la que hacen falta diez años de residencia legal, deberán ser pagadas: costarán entre 80 y 200 euros cada una., indica el diario Clarín.
