Al justificar su decisión, el entonces secretario de Justicia Michael Mukasey afirmó que la Constitución de EEUU no concedía a un deportado potencial el derecho a apelación, bajo el argumento de que su abogado no había hecho un trabajo eficiente en su favor.Según dijo Holder en una declaración, "la integridad de esos procedimientos de inmigración dependen en parte de la capacidad de plantear reclamos de ayuda legal ineficiente, y la decisión del Departamento de Justicia en este sentido es justa y transparente". La decisión ha sido guiada por "nuestro compromiso hacia la vigencia de la ley", agregó.
El dictamen del Departamento de Justicia ordena a la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria que inicie procedimientos "lo más pronto posible" para evaluar el marco actual vinculado con las quejas sobre asesoramiento jurídico ineficiente y que solicite comentarios públicos.
Los grupos defensores de los indocumentados habían criticado esa decisión por considerar que constituía una virtual discriminación jurídica dirigida contra los inmigrantes. "Este es el principio del proceso debido en el sistema de inmigración", manifestó un portavoz de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU.
Agregó que la determinación tomada hoy reconoce que a los inmigrantes clandestinos no se les puede tratar de forma diferente y deben recibir los mismos beneficios que la Constitución otorga a cada persona.
