Procurador le tira la papa caliente a Leonel Fernandez, indultar es facultad del Presidente
Jiménez Peña hizo la aclaración mediante una nota informativa distribuida con el membrete de la Presidencia de la República, despachada desde la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la casa de Gobierno.
En sus declaraciones el procurador Jiménez Peña no menciona en ninguna parte el indulto otorgado por el presidente Leonel Fernández a la señora Vivian Lubrano de Castillo, a los transportistas Antonio Marte, Gervasio de la Rosa y Milcíades Amaro Guzmán, y el doctor Pedro A. Franco Badía.
La señora Lubrano de Castillo fue condenada a cinco años de prisión y a una multa millonaria por el desfalco al Banco Intercontinental (Baninter), mientras los demás fueron condenados a distintas penas que van desde uno a cinco años de prisión y a distintas multas por el multimillonario desfalco al Plan Renove.
“Si bien es cierto que la Procuraduría General de la República, como institución rectora del sistema Penitenciario Nacional, le hace recomendaciones de indultos al Poder Ejecutivo, no implica que el primer mandatario deba estar subordinado al criterio y recomendaciones que le haga la institución”, dijo.
Jiménez Peña reconoció que creó una Comisión de Indultos, integrada por personas serias y honorables la mayoría de las cuales renunció cuando se dio a conocer el indulto de la señora Lubrano, de los transportistas Marte, de la Rosa, Amaro Guzmán y del doctor Franco Badía.
El procurador general de la República admitió que la Comisión de Indultos fue creada luego de denuncias de serias irregularidades en el otorgamiento de ese beneficio a personas acusadas de narcotráfico, crímenes sangrientos, violación y otros delitos graves.
“El presidente de la República puede perfecta y legalmente acoger o no las recomendaciones que se le hagan desde la Procuraduría general de la República, así como también puede decidir soberanamente sobre cualquier caso particular sin que necesariamente tenga que consultar a la Procuraduría para tales fines”, dijo el doctor Jiménez Peña.
Las declaraciones del jefe del Ministerio Público se producen cuatro días después que el presidente de la República indultó a la señora Lubrano, a Franco Badía y a los transportistas.
La señora Lubrano permanecía en un centro privado de salud cuando fue favorecida con el indulto.
En tanto que, el transportista Antonio Marte, tampoco estuvo en prisión, debido a que cuando fue condenado fue operado de una úlcera sangrante en el estómago y luego se le permitió convalecer en una finca de Bonao.
El doctor Franco Badía cumplía prisión domiciliaria y los demás se hallaban en la cárcel modelo de Najayo.
Otro transportista, Alfredo Pulinario Linares (Cambita), quien había sido condenado por el desfalco al Plan Renove, fue designado asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo.
A raíz de esas decisiones del presidente Fernández, renunciaron a ser miembro de la Comisión de Indultos, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo Lora (Huchi), el presidente de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson y la arquitecta Marisela Alvarez.
Todos renunciaron por no ser consultados para el perdón de la pena que otorgó el presidente de la República con motivo de las navidades.
Dijeron que en ningún momento fueron consultados por la Procuraduría General de la República para dieran su visto bueno o rechazaran el otorgamiento del indulto.
Agregaron que este año las autoridades no les sometieron la lista de candidatos a ser indultados como ocurría anteriormente, por lo que decidieron no respaldar ningún indulto.
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En sus declaraciones el procurador Jiménez Peña no menciona en ninguna parte el indulto otorgado por el presidente Leonel Fernández a la señora Vivian Lubrano de Castillo, a los transportistas Antonio Marte, Gervasio de la Rosa y Milcíades Amaro Guzmán, y el doctor Pedro A. Franco Badía.
La señora Lubrano de Castillo fue condenada a cinco años de prisión y a una multa millonaria por el desfalco al Banco Intercontinental (Baninter), mientras los demás fueron condenados a distintas penas que van desde uno a cinco años de prisión y a distintas multas por el multimillonario desfalco al Plan Renove.
“Si bien es cierto que la Procuraduría General de la República, como institución rectora del sistema Penitenciario Nacional, le hace recomendaciones de indultos al Poder Ejecutivo, no implica que el primer mandatario deba estar subordinado al criterio y recomendaciones que le haga la institución”, dijo.
Jiménez Peña reconoció que creó una Comisión de Indultos, integrada por personas serias y honorables la mayoría de las cuales renunció cuando se dio a conocer el indulto de la señora Lubrano, de los transportistas Marte, de la Rosa, Amaro Guzmán y del doctor Franco Badía.
El procurador general de la República admitió que la Comisión de Indultos fue creada luego de denuncias de serias irregularidades en el otorgamiento de ese beneficio a personas acusadas de narcotráfico, crímenes sangrientos, violación y otros delitos graves.
“El presidente de la República puede perfecta y legalmente acoger o no las recomendaciones que se le hagan desde la Procuraduría general de la República, así como también puede decidir soberanamente sobre cualquier caso particular sin que necesariamente tenga que consultar a la Procuraduría para tales fines”, dijo el doctor Jiménez Peña.
Las declaraciones del jefe del Ministerio Público se producen cuatro días después que el presidente de la República indultó a la señora Lubrano, a Franco Badía y a los transportistas.
La señora Lubrano permanecía en un centro privado de salud cuando fue favorecida con el indulto.
En tanto que, el transportista Antonio Marte, tampoco estuvo en prisión, debido a que cuando fue condenado fue operado de una úlcera sangrante en el estómago y luego se le permitió convalecer en una finca de Bonao.
El doctor Franco Badía cumplía prisión domiciliaria y los demás se hallaban en la cárcel modelo de Najayo.
Otro transportista, Alfredo Pulinario Linares (Cambita), quien había sido condenado por el desfalco al Plan Renove, fue designado asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo.
A raíz de esas decisiones del presidente Fernández, renunciaron a ser miembro de la Comisión de Indultos, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo Lora (Huchi), el presidente de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson y la arquitecta Marisela Alvarez.
Todos renunciaron por no ser consultados para el perdón de la pena que otorgó el presidente de la República con motivo de las navidades.
Dijeron que en ningún momento fueron consultados por la Procuraduría General de la República para dieran su visto bueno o rechazaran el otorgamiento del indulto.
Agregaron que este año las autoridades no les sometieron la lista de candidatos a ser indultados como ocurría anteriormente, por lo que decidieron no respaldar ningún indulto.
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Fuente/El Nacional
